La situación política también afecta a las familias. Hasta que no se constituya el nuevo Gobierno, no habrá un desarrollo de la actual ley. Los procesos de adopción están parados.

Los datos son demoledores. En España hay 33.000 familias acreditadas que, tras pasar todas las cribas, ya cuentan con los certificados de idoneidad para poner en marcha un proceso de adopción nacional o internacional. Al mismo tiempo, casi 17.000 niños institucionalizados esperan en orfanatos españoles a tener por fin una familia. Sin embargo, desde hace meses las adopciones están completamente paralizadas por culpa del bloqueo legislativo ocasionado por el vacío político actual. La falta de desarrollo reglamentario de la última normativa aprobada el pasado verano, la Ley 16/2015, de 28 de julio, de modificación de protección a la infancia y adolescencia, impide que los procesos de adopción puedan continuar su curso.

La situación es extremadamente preocupante y llegó al Congreso de los Diputados en las últimas semanas. El grupo parlamentario de Ciudadanos presentó una proposición no de ley (PNL) para desbloquear esta paralización y para su debate en la posterior comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Salió adelante con los votos a favor del equipo naranja, PSOE y Podemos. El PP votó en contra. Pero no tendrá mayor recorrido porque las Cortes se disuelven este lunes ante la incapacidad de los líderes políticos de formar Gobierno, mientras los procesos de adopción se estancan por enésima vez.

Y el problema es que en estos momentos las adopciones están en tierra de nadie. La nueva ley aprobada transfiere algunas competencias esenciales en materia de adopción y acogimiento, hasta el momento en manos de las comunidades autónomas, al Estado. Sin embargo, la normativa es de momento un brindis al sol, ya que sin el desarrollo reglamentario pertinente, los cambios no entran en vigor. Los organismos acreditados para la adopción internacional (OAA) denuncian que actualmente no existe una autoridad que se ocupe específicamente de los procesos. La directriz marcada por el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales establecía que, hasta el desarrollo reglamentario de la nueva ley, seguiría vigente la anterior legislación. Pero desde hace meses las CCAA alertan de que ya no poseen las competencias necesarias y todos los procesos están paralizados.

La falta de desarrollo reglamentario de la nueva ley impide que los procesos de adopción en España puedan continuar su curso. Están paralizados

La otra gran demanda por la que los OAA pelean desde hace tiempo es la creación de un registro nacional de menores en adopción y otro de menores en acogimiento. Este elemento es imprescindible para terminar con el otro gran escollo en materia de adopciones a nivel nacional: hasta el momento los niños de un territorio solo podían ser adoptados por familias de la misma comunidad. Un precepto absurdo si se tiene en cuenta que las CCAA más adoptantes son precisamente las que menos niños tienen en adopción. Esta situación se puede resolver gracias a una enmienda redactada por Susana Morales, presidenta de la Asociación Familias de Colores, que incluía la apertura del registro y que ya forma parte de la nueva ley de 2015.

También Ciudadanos incluía en su PNL la creación del registro con el objetivo de que hubiera una mayor coordinación y agilización de los procesos cuanto antes. Pero tampoco esto puede ponerse en marcha. Sanidad reconoció a las asociaciones hace meses la imposibilidad de reglamentar la norma al estar ya el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones... asumiendo que hasta que se constituya el nuevo Ejecutivo -es decir, hasta el próximo verano- los procesos continuarán parados, la ley no estará desarrollada y las adopciones continuarán sin tener una autoridad responsable de las mismas. Un escenario dramático para muchas familias que llevan años esperando para adoptar a un niño.

 

Una enfermera da de comer a un bebé. (EFE)

La asfixia económica de las asociaciones

Más allá del bloqueo legislativo, las asociaciones dedicadas a los procesos de adopción viven horas bajas por culpa de la asfixia económica a la que se enfrentan. Pese a ser organismos acreditados para la adopción internacional y asumir en parte competencias públicas, estas asociaciones no reciben ni un euro público. Tampoco pueden solicitar las subvenciones de las ONG -pese a su labor de cooperación- por su propia constitución, por lo que la única vía de financiación es el abono que las familias hacen por los procesos. "Hay que tener en cuenta que necesitamos macroestructuras para desarrollar este trabajo. Abogados, psicólogos, trabajadores sociales, representantes internacionales en países extranjeros... es un tema muy profesionalizado, sensible y complejo", explica la presidenta de la Asociación Familias de Colores.

Los OAA españoles son una especie de híbridos que no reciben ayudas estatales (España es el único país de la Unióbn Europea donde esto ocurre), pese a que internacionalmente está reconocido su derecho a una subvención pública. Por un lado actúan como asociación sin ánimo de lucro y por otro -al tener parte de competencias estatales para llevar a cabo los procesos de adopción- son como una prologanción de la propia Administración. Al final, no se benefician de ser lo uno ni lo otro.

Los Presupuestos Generales del Estado, aprobados el pasado verano por el PP a cuatro meses de las elecciones generales, destinaron cuatro millones de euros a organizaciones sin ánimo de lucro que revierten sus servicios en familia e infancia, y la mitad, dos millones, a asociaciones dedicadas a adopción. El abanico de entidades beneficiarias de estas ayudas estatales es amplio: desde Foro de la Familia hasta Scouts Católicos. Morales reivindica que ninguna Administración presta ayuda a los OAA, pese al trabajo acreditado de gestión y mediación en procesos de adopción.

Hasta que se constituya el nuevo Gobierno -es decir, hasta el próximo verano- las adopciones seguirán sin tener una autoridad responsable de las mismas

La presidenta de Familia de Colores critica asimismo que los niños huérfanos o en situación de desamparo forman parte "del sector social más vulnerable" porque "ni votan, ni pueden manifestar su realidad, ni tampoco molestan". Por eso, explica, "los políticos no se acuerdan de ellos antes de las elecciones, como sí sucede con los pensionistas". Morales insiste en la urgencia de desarrollar campañas de visibilización que hagan comprender al conjunto social la situación tan dramática de la infancia en España.

En total, casi 17.000 niños institucionalizados están en orfanatos por todo el país. "España está al mismo nivel que Rumanía", asegura la presidenta de la asociación. Además, el gran caballo de batalla sigue siendo visibilizar a niños que no sean recién nacidos. "La mayor parte de las familias buscan un bebé sano. Muchos de los niños que hay en orfanatos tienen a partir de cinco o seis años, e incluso hay grupos de hermanos y algunos tienen patologías". Morales afirma que es "fundamental" explicar que esos niños son perfectamente asumibles y adoptables e insiste en la necesidad de que las administraciones se impliquen a través de campañas. De momento, ya se ha reunido con todos los grupos políticos que, hasta ahora, tenían representación parlamentaria.

 

03/05/2016
Fuente: elconfidencial.com