Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que pide que la adopción (nacional e internacional) y el acogimiento de menores sean una prioridad de la agenda política.
En la iniciativa, el partido liderado por Albert Rivera reclama el desarrollo urgente de la ley de 2015 de protección de la infancia y la adolescencia para abordar "de manera integral y coordinada" los obstáculos legales y administrativos que las entidades especializadas y las familias adoptantes se encuentran en estos procesos.
Subrayan que una adopción nacional puede prolongarse hasta siete años y uno internacional hasta tres, y reclaman impulsar la apertura de nuevas vías internacionales, en especial con los 45 países con los que otros estados de la Unión Europea tienen acuerdos en esta materia.

120 MILLONES DE HUÉRFANOS

Piden también mejorar el sistema de tramitación, suspensión o prohibición de adopciones internacionales mejorando la transparencia y facilitando a los adoptantes el acceso a la documentación sobre su proceso, y crear un registro central de familias adoptantes y de niños susceptibles de adopción en toda España.
Ciudadanos argumenta en su iniciativa que según las ONG en España hay unas 33.000 familias adoptantes en espera mientras hay unos 120 millones de niños huérfanos en el mundo y 16.000 menores en centros de acogida españoles.
A pesar de ello, denuncian "multitud de barreras burocráticas y jurídicas" que impiden a esos niños ser adoptados por esas familias, lo que ha provocado, entre otras cosas, un descenso del número de adopciones internacionales en España.
España tiene firmados convenios bilaterales de adopción internacional con unos cuarenta países, pero en la práctica solo se materializan estos procesos con seis.

"INACCIÓN DEL GOBIERNO"

Ciudadanos recuerda que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a establecer un sistema de garantías por las que el interés superior del menor sea el eje central de todo el proceso. En el caso de España, esa labor corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mientras que los Organismos Acreditados para la Adopción (OAAs) tienen funciones públicas delegadas para intermediar entre las autoridades centrales de los países de origen y destino de los menores y las familias adoptantes.
La Ley de 2015 refuerza esos principios, pero la falta de desarrollo reglamentario mantiene a esos Organismos en una situación de inoperancia que los asfixia económicamente y que no puede dar salida a los procesos pendientes.
"La inacción del Gobierno en este ámbito dada su excusa de interinidad hasta la conformación de un nuevo Ejecutivo ha supuesto una paralización total del desarrollo reglamentario de la norma paralizando todo procedimiento de adopción nacional y limitando la actuación en los internacionales afectando directamente los intereses directos de los adoptantes, y sobre todo, de los miles de mejores a la espera de encontrar una familia", denuncian.

CONTROL PRIVADO

Además de esa proposición, Ciudadanos ha registrado varias preguntas por escrito al Gobierno para conocer, por ejemplo, si tiene algún plan para abrir esas nuevas vías internacionales y cómo se justifica la suspensión y cierre de las que existían.
Ciudadanos pregunta al Gobierno si considera aceptable que habiendo tantas familias dispuestas a adoptar algunos menores crezcan en centros de acogida, de donde son expulsados al cumplir 18 años.
Quiere saber también cómo explica que el 80% de esos centros estén en manos privadas y por qué una familia de una comunidad autónoma no puede adoptar a un menor en un centro de otra comunidad.

 

29/08/2016
Fuente: lainformacion.com