El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha subrayado, durante el II Congreso del Interés Superior del Niño 2015, el importante papel que tienen las familias de acogida para proteger a los niños y adolescentes que no pueden vivir con sus padres.
Alonso ha recordado que con las leyes de Protección a la Infancia y a la Adolescencia que entraron en vigor este verano se han agilizado los procesos de acogimiento y adopción para favorecer que los niños, especialmente los menores de 3 años, permanezcan con una familia. Y es que en España hay casi 35.000 menores bajo tutela o guarda de las administraciones, de los que 13.400 están en residencias, a la espera de una familia.
El ministro ha declarado que el entorno idóneo para cubrir las necesidades de un niño es una familia y, por ello, con la reforma, las soluciones familiares van a primar frente a las residenciales. El objetivo es que al menos todos menores de tres años puedan vivir con una familia, sin pasar por un centro de acogida. En el caso de que haya varios hermanos, se procurará que permanezcan juntos.
En relación a esto, se simplifica la constitución del acogimiento, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez, y se crea el Estatuto del Acogedor Familiar, en el que se recoge el derecho de estos a ser oídos por la entidad pública antes de emitir cualquier resolución que afecte al menor. Además, las familias acogedoras reciben valoraciones para su idoneidad, al igual que sucede con las adoptantes.
Adopción internacional más segura
En cuanto a la adopción, los procesos de adopción internacional se dotan de mayor seguridad jurídica, ya que se clarifica el ámbito competencial para estos trámites. Así, la decisión de autorizar adopciones corresponde ahora a la Administración general del Estado, como la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción internacional, las ECAI, previo informe de las comunidades autónomas.
Además, antes de que la entidad pública proponga al juez la constitución de la adopción, puede iniciarse la convivencia entre el menor y la familia considerada idónea, de tal manera que los niños permanecen siempre en una familia y se evita que pasen por un centro de acogida. La finalidad que se persigue es reducir el número de niños que esperan en centros.
Otras novedades son la adopción abierta o la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica, que determina el juez con el visto bueno del propio adoptado, de la familia de procedencia y de la adoptiva.
También se refuerza el derecho de acceso a los orígenes de los adoptados. Para ello, las entidades públicas asegurarán la conservación de la información durante al menos 50 años.
Por otro lado, con la nueva legislación, España se ha convertido en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento, como recomendó la ONU en 2013. Para ello, se ha introducido tanto la jurisprudencia dictada en los últimos años por el Tribunal Supremo, como los criterios del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. De esta forma se ha reforzado el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario en todas las decisiones y actuaciones que sean adoptadas.
Lucha contra la violencia en la infancia
Las nuevas leyes tienen como objetivo transversal prevenir y reforzar la lucha contra la violencia en la infancia. Por primera vez, se reconoce a los menores como víctimas de la violencia de género. Además, se establece la obligación de los jueces de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas, y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres.
También se refuerza la protección frente a delitos como los abusos sexuales, de los que fueron víctimas un total de 3.364 menores en 2013. Para ello, entre otras medidas, ahora es requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación.
19/11/2015
Fuente: elderecho.com
Ambas autoridades durante el evento
Tras una pausa administrativa de ocho años, los gobiernos de Bolivia, España e Italia firmaron un acuerdo marco para la adopción internacional de niños y niñas a través de seis organismos intermediarios.
El acuerdo establece que los niños, niñas y adolescentes no sólo podrán ser adoptados por familias bolivianas, sino de manera excepcional por familias extranjeras, siempre y cuando les brinden las mejores condiciones.
Los organismos intermediarios se encargarán de los trámites de adopciones internacionales y establecerán obligaciones, plazos y procedimientos e informes, luego de las adopciones, sobre la relación y el desarrollo que están teniendo los niños con sus nuevas familias. "Este acuerdo se firmó cumpliendo con la Constitución Política del Estado y la Ley 548 del nuevo Código Niño, Niña y Adolescente que se adecua a los tratados, convenios y protocolos de las adopciones internacionales", detalló la ministra de Justicia, Virginia Velasco.
DERECHOS. Según las normas, la adopción es un derecho constitucional que todo niño, niña y adolescente tiene porque merece vivir y crecer con una familia de origen o adoptiva. "El Estado boliviano trabajó en varias políticas para que los niños, niñas y adolescentes que se hallan en hogares y casas de acogida tengan una familia mediante la adopción”, dijo.
Asimismo, la ministra agregó que se configurará un marco regulatorio amplio de la actividad de los organismo intermediarios con el fin de realizar un efectivo control, protección, supervisión, seguimiento y revocación de su actuación, definiéndose los roles de la Auditoria Central Boliviana en Adopción Internacional del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia.
A su turno, el canciller David Choquehuanca informó que la adopción internacional en Bolivia se constituye en la última opción para los niños, niñas y adolescente, porque se da prioridad a la adopción nacional. "Nosotros no teníamos una política de Estado y en muchas adopciones sucedieron ilegalidades que fueron motivo de la pausa administrativa en 2007. Ahora que ya se cuenta con las reglas claras, y con la nueva constitución, se privilegia el interés del niño, niña y adolescente", afirmó.
TRATA Y TRÁFICO. El Estado está tomando todas las medidas para evitar la trata y tráfico de seres humanos, porque en anteriores gestiones hubo muchas denuncias de niños y adolescentes que salían del país una vez concluido el proceso de adopción, pero luego no se sabía nada más de ellos. No había controles.
16/11/2015
Fuente: laprensa.com.bo
El Govern ha aprobado solicitar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) el dictamen preceptivo previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sobre las leyes estatales de regulación y adopción internacional y de calidad alimentaria porque "invanden competencias" de la Generalitat.
La Generalitat pide al CGE que analice jurídicamente el artículo tercero de la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y su disposición adicional tercera por si "exceden de las competencias de que dispone el Estado en materia de relaciones internacionales".
El Ejecutivo catalán ha señalado que la ley comporta en materia de adopción internacional la atribución al Estado de funciones que hasta ahora eran ejercidas por las comunidades autónomas, interpretandoque todas las actuaciones de las CC.AA. con protección exterior pueden afectar a la política exterior del Estado.
Ha considerado que esta interpretación "no se adecuaría" a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el alcance de las competencias estatales en materia de relaciones internacionales ni sobre la definición de qué es la política exterior del Estado.
El Govern señala que esta "incorrecta interpretación" del título competencial estatal afecta tanto a los expedientes de adopción internacional que pueden ser tramitados en los diferentes países de origen como a la actividad administrativa de acreditación de los organismos para la intermediación en estas adopciones.
Asimismo, la ley plantea "dudas de injerencia competencial" en la previsión contenida en la disposición adicional tercera que podría vulnerar la competencia de la Generalitat para la regulación del régimen de las instituciones públicas de protección de los menores.
01/09/2015
Fuente: Qué!
Un grupo protesta en contra de la adopción por parte de homosexuales, en Bogotá
La Corte Constitucional de Colombia ha aprobado este miércoles la adopción igualitaria, entre personas del mismo sexo. El debate, de más de nueve horas, ha concluido con seis votos a favor y dos en contra de los magistrados que conforman el Alto Tribunal. Hasta ahora, solo se permitía este derecho a los homosexuales si el menor era hijo biológico de alguno de los miembros de la pareja.
La votación, liderada por el magistrado Jorge Iván Palacio, modificará tres artículos del Código de Infancia y Adolescencia. En esta ocasión, la Corte Constitucional ha revertido la estrategia y en lugar de plantear una modificación sobre el derecho de los homosexuales ha decidido hacerlo sobre los derechos del menor a tener una familia. En el anterior debate realizado el pasado febrero, la votación se resolvió con cinco votos en contra y cuatro en favor.
El Gobierno de Juan Manuel Santos a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Justicia y varias ONG han mostrado su apoyo a esta decisión. En el lado contrario, la Iglesia católica advirtió hace unos días que la aprobación de esta medida “podría acabar con los proyectos con el Estado relacionados con esta materia”, según dijo el padre Pedro Mercado, secretario para las Relaciones con el Estado de la Conferencia Episcopal colombiana. En esta misma línea se mostró el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, que en el anterior debate definió la propuesta como "experimentos de ingeniería social con niños en situación de vulnerabilidad".
"Es un paso histórico", asegura a este diario Marcela Sánchez, directora de la ONG Colombia Diversa, principal organización del país que defiende los derechos de la comunidad LGTB. "A partir de ahora la homosexualidad será irrelevante y todas las personas estarán en igualdad de condiciones cuando inicien un trámite de adopción". Sánchez, aunque se congratula de la decisión, recuerda que "estas leyes avanzadas" deben tener una continuidad en la sociedad. "Queda mucho por hacer, sigue habiendo discriminación, abuso policial, homicidios y acoso, la sociedad colombiana también debe acabar con estos obstáculos y no promover prejuicios que son muy peligrosos".
Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado de una pareja de mujeres lesbianas que consiguieron hace un año una sentencia favorable para la adopción compartida de su hija biológica, uno de los casos pioneros en el país, cree "absurdo constitucionalmente" que las voces antiderechos quieran plantear una consulta ciudadana sobre esta decisión. “Si esto ocurriera las mayorías aplastarían a las minorías y atentarían contra la democracia”.
Colombia se une así a México, Uruguay, Argentina y Brasil, países de América Latina en los que los homosexuales ya disfrutaban de este derecho. A la espera de aprobar también en el Congreso el matrimonio entre personas del mismo sexo, la comunidad gay en Colombia ha conquistado poco a poco derechos como la protección a los bienes de la pareja, su afiliación a la sanidad, a tener una pensión y a heredar. También pueden acudir a notarías y juzgados a legalizar su unión, pero con el problema de que el Congreso no ha reglamentado su derecho a casarse, por lo que muchos notarios se niegan a llamarle matrimonio.
06/11/2015
Fuente: El País
Parejas gay aumentan solicitudes de adoptar (Zócalo Saltillo)
La Procuradoría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif), informó que han llegado solicitudes de adopción por parte de parejas homosexuales, aunque solamente una de las que se encuentran en proceso pertenece a Coahuila.
Señaló que una de las solicitudes ya concretada es de una pareja homosexual de Chihuahua y una que está a punto de concretarse del Distrito Federal, aunque llegaron la semana pasada dos más, de Chihuahua y del DF.
“Las parejas homoparentales (que han solicitado adopción) todas han sido de hombres, con excepción de la primera que se concretó en matrimonio igualitario de mujeres, han sido la mayoría foráneas, tenemos nada más unos interesados de coahuilenses que están integrando su expediente (…) El rango promedio de edades de los solicitantes es entre los 37 y los 45 años”, remarcó la funcionaria.
Actualmente existe una cantidad importante de solicitudes de adopción, de las cuales 16 pertenecen a Nuevo León, que es el estado que más solicitudes presenta junto con Tamaulipas y Chihuahua.
En cuanto a las adopciones internacionales, se está trabajando en ello, aunque tiene preferencia la adopción nacional pero está en vía de concretarse este nuevo modelo remarco.
Más información: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24/08/2015