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Los mayores de 45 años no podrán adoptar bebés recién nacidos -

Los mayores de 45 años no podrán adoptar recién nacidos; las entidades públicas y privadas tendrán la obligación de conservar durante medio siglo los datos de la familia biológica de los niños adoptados, quienes podrán acceder a ellos libremente; cualquier persona que vaya a trabajar o realizar actividades con menores tendrá que acreditar que no tiene antecedentes de abusos sexuales; y los críos irán en acogimiento familiar sin necesidad de pasar por el juez.

Éstos son algunos de los aspectos recogidos en el anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia. Después de pasar por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social o el Defensor del Pueblo, entre otros organismos, el documento ha sufrido leves modificaciones. En las próximas semanas, el texto irá al Consejo de Ministros para, una vez convertido en proyecto de ley, iniciar su tramitación parlamentaria.

El paraguas legal que afecta a los menores comenzó a elaborarse en junio de 2012 sobre la base de una reforma socialista ad hoc que jamás llegó a arrancar.

El proyecto del Gobierno popular retoca finalmente una decena de normas -desde el Código Civil hasta la Ley de Adopción Internacional- y, en palabras de expertos de la ONU, «convierte a España en el primer país en integrar en su ordenamiento la defensa del interés superior del menor» .

18 años después de la publicación de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 1996 -señala la exposición de motivos de la reforma-, los cambios sociales «demandan» una «mejora en los instrumentos» de salvaguarda de los niños.

Sucede en un sistema de menores (el nuestro) donde tienen cabida el mismísimo Dickens y hasta su Oliver Twist: de los más de 21.000 niños y adolescentes institucionalizados que hay en nuestro país, 13.700 siguen estando en residencias.

Éstos son algunos de los principales aspectos de la norma que viene:

 

El tope de los 45 años

La norma actual establece una edad mínima para adoptar: 25 años. El último borrador del anteproyecto de Ley de Protección a la Infancia propone modificar el artículo 175 del Código Civil para que se incluya que la «diferencia de edad entre adoptante y adoptando (...) no podrá ser superior a 45 años». «Cuando sean dos los adoptantes», especifica, «bastará con que uno de ellos no tenga esa diferencia máxima de edad con el adoptando». Esto es, los que tengan esa edad no podrán adoptar a recién nacidos (los más demandados).

Hoy en día, a la hora de dar la idoneidad a los adoptantes, hay comunidades autónomas que tienen en cuenta este factor y otras que no, dándose incluso el caso de parejas que se empadronan en otra región con tal de eludir la exigencia de la horquilla de la edad. Con la nueva ley, este tope biológico será vinculante para todos los españoles.

Además, con el texto que ultima el Gobierno, se objetivarán los criterios de idoneidad para ser padres.

 

Acogimiento sin juez

En la actualidad, las familias biológicas que dan a sus hijos a la Administración ponen más trabas a consentir un acogimiento familiar (niño que acaba en una familia) que un acogimiento residencial (niño que acaba en un residencia). El motivo es que piensan que el lazo emocional se romperá y que el hijo terminará sustituyendo las figuras paterna y materna por la de los acogedores. En muchos supuestos, el caso acaba ante un juez.

Con el anteproyecto, queda desjudicializado el acogimiento familiar. Para los promotores del texto, suma agilidad al procedimiento. Para las voces críticas, resta garantías al mismo.

En líneas generales, se potencia el acogimiento familiar sobre el residencial, especialmente para menores de seis años. No se acordará el ingreso en residencias para menores de tres, salvo supuestos muy excepcionales.

 

Conocer los orígenes

Se refuerza el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes. Aunque el asunto está regulado en el Código Civil (art. 180), ahora se desarrollan las garantías para que este derecho se haga efectivo. En el trasfondo de esta modificación está el caso de los niños robados.

Así, las entidades públicas y privadas tendrán la obligación de guardar los datos del menor adoptado durante 50 años (tal y como prevé el Convenio Europeo de Adopción) y tendrán que aportarlos cuando les sean requeridos.

Se trata de una búsqueda más habitual en los casos de adopción nacional que en los internacionales. En Madrid entre 80 y 200 casos piden conocer su expediente cada año.

 

Prevenir los abusos

Cualquier persona que quiera acceder a profesiones o actividades donde haya menores (desde trabajador de guardería hasta monitor de boy scouts) tendrá que acreditar que no tiene antecedentes penales de abusos sexuales a niños. Para ello, bastará con un certificado del Registro Central de Penados.

 

La adopción internacional

La adopción internacional será un asunto de Estado, más concretamente, de política exterior. Hasta ahora, cada comunidad autónoma decidía (de acuerdo con la Administración estatal) qué países abría a la adopción y cuáles no. Los gobiernos regionales eran los encargados de acreditar a las Entidades Colaboradores de la Adopción Internacional (ECAIs), asociaciones que tramitaban la venida de niños, lo que provocaba un colapso de expedientes en algunos países por exceso de demanda.

Con la reforma legal del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, el asunto pasa a manos de la Administración central. Será el Estado el que elabore, previo informe de las comunidades autónomas, el listado de países donde será posible adoptar. CiU tiene previsto oponerse a la norma por este punto.

Igualmente, la norma incluye una serie de obligaciones del adoptante. La más importante, que las familias adoptivas accedan a colaborar en los informes de seguimiento que reclama el país de origen.

 

Adopción abierta

En la actualidad, cuando hay una adopción, los vínculos entre el adoptado y la familia biológica se cortan legalmente. Esto provoca que muchas familias biológicas sean renuentes a dar su consentimiento para la adopción. Con el cambio legal, los adoptados podrán seguir manteniendo contactos con su entorno original siempre que las tres partes estén de acuerdo (niño, adoptantes y padres sanguíneos) y exista la autorización expresa de un juez.

 

Suspender visitas nocivas

En el tuétano del anteproyecto está desacralizar a las familias biológicas. Por ello, los padres naturales podrán seguir manteniendo contacto con el niño que entregaron en acogimiento siempre y cuando estas visitas no sean nocivas para el menor. En el caso de que se perciba algún perjuicio, serán suspendidas. El Consejo General del Poder Judicial ha intentado (en vano) que la norma incluyera que esa suspensión la dictaminara un juez. Será cosa de la Administración.

Además, el anteproyecto incluye un catálogo de derechos y deberes de los acogedores y de los acogidos. Por ejemplo: el derecho a relacionarse con el menor al finalizar el acogimiento; el derecho a viajar sin necesidad de un permiso (hoy se requiere el visto bueno de la entidad pública).

 

Guarda voluntaria de dos años

Hoy en día, la figura de la guarda voluntaria (niños que son entregados porque sus padres no pueden hacerse cargo de ellos) no tiene límite temporal. Así, está acreditado el caso de un piloto de Iberia que le dejó a su hijo a la Administración nada más nacer y que allí estuvo hasta que fue mayor de edad.

A partir de la reforma, un niño sólo podrá estar en guarda voluntaria durante dos años. Si pasado este tiempo no puede volver a casa, será declarado en desamparo e incluido dentro de los programas de acogimiento y adopción.

«Cada año existen más casos de adolescentes con problemas de conflictividad familiar», señalan fuentes ministeriales. «La Administración debe guardar a un menor cuando existen circunstancias graves, pero también debe existir una responsabildiad parental que debe ser ejercida y no delegada en terceros».

 

Escuchar a los menores

Los menores son empoderados a lo largo de la norma: tendrán derecho no sólo a ser oídos, sino a ser «escuchados». La opinión de los mayores de 12 años (y los que tengan menos edad, pero muestren madurez suficiente) será tenida en cuenta en procesos de separación, divorcio, adopción, etcétera. En la actualidad, depende de las leyes autonómicas. En este sentido, se refuerza que no haya discriminación por razón de discapacidad.

Finalmente, el precepto que obligará a las menores de edad a informar a sus padres si quieren abortar no será incluido en esta reforma.

 

Residencias para niños en conflicto

Se regula por primera vez el acogimiento en centros de menores con problemas de comportamiento, violencia ascendente (de hijos a padres) y conductas disruptivas, que tendrán un carácter educativo.

 

Fuente: elmundo.es

Rusia

Para España representa el primer país europeo de adopción. desde el año 2003 hasta el año 2011 han sido adoptados 9.862 niños rusos. A pesar de que en los últimos años ha establecido más requisitos procesales para la adopción, y de que ha prohibido la adopción de familias monoparentales, es un país de preferencia para las familias españolas.
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Bolivia

Desde el año 2003 hasta el 2011 han sido adoptados 458 niños bolivianos. Es uno de los países hispanoamericanos elegidos para adoptar por parte de las familias españolas por su afinidad. En este momento los acuerdos marcos que permiten obtener licencia a las ECAIs españolas están en proceso de renovación, por lo que, a corto plazo, se volverán a admitir nuevas solicitudes. Actualmente se están concluyendo todos los procesos abiertos en Bolivia.

Vietnam

Desde la puesta en funcionamiento del Convenio entre España y Vietnam (2009 a 2001) han sido adoptados 563 niños vietnamitas por familias españolas. Con la ratificación del Convenio de La Haya 1.993 se modificó su ley de adopción. Este momento se han retomado las adopciónes, estableciendo dos listas de adopción, una para niños sanos y menores de 4 años y otra para niños sanos mayores de 5 años o niños con necesidades especiales. Vietnam permite la adopción por parte de familias monoparentales.

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